Arturo, presente en Derramaderos y barrio de la Santa Cruz

Relevantes de la región

La supuesta explotación minera en Villa Hidalgo, ha generado controversia entre la población local tras la difusión de un panfleto que detalla la existencia de múltiples concesiones mineras en la región.

Siembran ponchallantas para asaltar

Siembran ponchallantas para asaltar

La noche del viernes 22 de noviembre, circuló una alerta a través de WhatsApp sobre la presencia de dispositivos ponchallantas en la carretera federal 57, específicamente en las inmediaciones de la gasolinera conocida como "Del Avión", en el tramo que conduce hacia Matehuala.

Banda de impostores amenaza la tranquilidad de Villa Hidalgo

Banda de impostores amenaza la tranquilidad de Villa Hidalgo

La población de Villa Hidalgo, bajo la administración de Crystal Alva Venegas, enfrenta una ola de intentos de extorsión por parte de diferentes grupos delictivos que se hacen pasar por autoridades. El pasado lunes 4 de noviembre, elementos de la Guardia Civil detuvieron a cinco individuos que, ostentándose como policías estatales, realizaban cobros irregulares y se apoderaban de bebidas alcohólicas en diversos establecimientos.

Criminales uniformados

Criminales uniformados

Un creciente clima de alarma se vive entre los comerciantes de la región Ventura Peyote, debido a una serie de asaltos atribuidos a presuntos policías municipales de Soledad de Graciano Sánchez. Estos actos delictivos se han registrado principalmente en el tramo carretero que conecta la gasolinera El Pueblito con el libramiento a Guadalajara, sobre la ruta libre Ventura-Peyote.

Alivio para unos, problema para otros

Alivio para unos, problema para otros

Un gesto cotidiano se ha convertido en un alivio para decenas de estudiantes de bachillerato y secundaria técnica en Villa Hidalgo. Los autobuses de la empresa Autobuses Cerritenses que salen de la capital potosina a las 2:35 p.m. han implementado una práctica de gran impacto social: dejar a los jóvenes estudiantes directamente en la comunidad de Charco Blanco, perteneciente a Guadalcázar, antes de continuar su ruta hacia Cerritos.

Arturo Narváez y su planilla ofrecieron mitines en Derramaderos y el barrio de la Santa Cruz, donde se ganaron los elogios de vecinos.

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La aparición de mensajes amenazantes contra el gobernador Ricardo Gallardo Cardona marca un preocupante punto de inflexión en la estabilidad política y social del estado potosino. El incidente, materializado en una manta colocada sobre el Circuito Potosí, revela las complejas conexiones entre el poder político y las estructuras criminales que han permeado las instituciones gubernamentales.

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La condena de 50 años de prisión para los responsables del secuestro de una funcionaria en Tamaulipas representa un triunfo significativo en la lucha contra el secuestro y envía un mensaje claro sobre las consecuencias de este delito. La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de San Luis Potosí mostró su determinación al llevar el caso a juicio y asegurar una sentencia ejemplar. La víctima, secuestrada en diciembre de 2021, sufrió no solo la privación de su libertad sino también agresiones físicas y psicológicas, con la amenaza de una demanda de un millón de pesos por su rescate. El desenlace de este caso fue posible gracias a la intervención oportuna de la policía estatal, alertada por un reporte anónimo. La coordinación entre la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Guardia Civil Estatal fue crucial para la liberación de la víctima y la detención de los secuestradores en Los Quiotes. Sin embargo, el desarrollo del operativo, descrito como una casualidad afortunada, revela áreas de mejora en la preparación y ejecución de acciones de rescate. El juicio y la condena de los secuestradores subrayan la importancia de mantener un sistema judicial sólido y eficiente que garantice la justicia para las víctimas. Además, el castigo severo y la compensación a la mujer no solo buscan hacer justicia, sino también disuadir a potenciales delincuentes de seguir el mismo camino. La sentencia es un recordatorio de que el sistema judicial debe continuar fortaleciendo su capacidad para responder eficazmente a tales crímenes y proteger a la sociedad de actos violentos que amenazan la seguridad y la paz social, aunque claro, la justicia sigue siendo tardía.

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