Han pasado cuatro años desde que el cuerpo de Jesús «Colacho» Zúñiga Manzano fue hallado en las orillas de Rioverde. Este crimen, que estremeció a toda la región, permanece sin resolver, reflejando un sistema judicial que parece haber adoptado el silencio cómplice como respuesta ante la violencia y la impunidad que prevalecen en el país.
El “caso Colacho” no es solo el asesinato de un músico; es un símbolo de la impunidad que se ha convertido en la norma en nuestro país. Las investigaciones se archivan, las carpetas se acumulan y las familias de las víctimas claman por una justicia que nunca llega. La brutalidad con la que fue ejecutado Colacho, un hombre cuyo único «delito» era alegrar las calles con su música, es una muestra del nivel de violencia que hemos permitido que se normalice.
El sistema judicial mexicano, sobrepasado y frecuentemente corrompido, parece optar por el menor esfuerzo. Archivar un caso es más fácil que enfrentarse a la posibilidad de que el crimen organizado esté detrás de estos actos atroces. La incómoda pregunta que pocos se atreven a hacer es: ¿Hasta qué punto nuestras instituciones han sido infiltradas por estos grupos criminales?
El caso Colacho no es único. México está lleno de historias similares: desaparecidos, ejecutados, familias destrozadas y comunidades sumidas en el miedo. Mientras tanto, las autoridades se excusan en la falta de recursos, en la complejidad de los asuntos o, peor aún, en la supuesta falta de interés de la sociedad para justificar su inacción, donde muchos optan por quedarse callados que testificar o denunciar.
La realidad es que el crimen organizado ha superado al sistema de gobierno en todo el país. Los criminales operan con una impunidad casi total, seguros de que sus acciones no tendrán consecuencias. Este estado de cosas no solo representa un fracaso del sistema judicial, sino de toda la estructura gubernamental y, por extensión, de nosotros como sociedad.
¿Qué mensaje enviamos al permitir que casos como el de Colacho queden sin resolver? Estamos diciendo que la vida de un ciudadano común no vale nada frente al poder del crimen. Estamos aceptando tácitamente que vivimos en un estado fallido, donde la ley del más fuerte es la única que prevalece.
No podemos seguir aceptando la narrativa de que estos crímenes son “aislados”, «normales» o «inevitables». Cada caso sin resolver, cada carpeta archivada prematuramente, es una herida abierta en el tejido social de nuestro país.
El caso de Colacho —al igual que muchos otros—, debería ser reabierto e investigado a fondo para que el conocimiento de respuestas alivie un poco la impotencia. En esta historia vemos reflejada la vulnerabilidad de cada ciudadano frente a un sistema que ha decidido mirar hacia otro lado. No podemos permitir que el tiempo borre la memoria de Colacho ni la de tantas otras víctimas. Cada día que pasa sin respuestas es un día en que la impunidad gana terreno.
La justicia para Colacho es justicia para todos. Exijamos respuestas, exijamos acción, exijamos justicia. Porque en el silencio de esa guitarra callada resuena el grito de un México que se niega a rendirse ante la impunidad.
Nos leemos la próxima…
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